SGTEX continúa ganando sentencias sobre reconocimiento de complementos a personal funcionario
Otra sentencia más (y van tropecientas), de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, vuelve a dar la razón a un funcionario de la Junta de Extremadura para el que el Sindicato de Empleados Públicos SGTEX, que lo ha representado en el Juicio, solicitaba pasar de su complemento 2.2 al 2.1, para su equiparación al resto de puestos con la misma denominación y el mismo contenido de la misma Dirección General y del mismo servicio en las distintas localidades, ya que el puesto de nuestro defendido es el único con el complemento específico 2.2, mientras que otros puestos con las mismas características, están dotados del complemento 2.1
Pues bien, esta petición, que, por la identidad de responsabilidad, de funciones, denominación y tareas, parece tan evidente para cualquiera, a la Administración le costaba mucho verla, por lo que se había negado a otorgarle el derecho que a todas luces le corresponde; más, si cabe, existiendo un informe del propio Director General en el que certificaba esa identidad de tareas.
En su fundamento, la sentencia del Magistrado-Juez da la razón a todos los argumentos de SGTEX, y literalmente dice:
“Se comprueba que si bien existe una identidad sustancial entre los cometidos de los puestos de trabajo al ser sus atribuciones funcionales idénticas y no estar detalladas en la RPT ninguna diferencia salvo el complemento específico asignado, no puede justificarse la asignación de un complemento específico diferente sin que exista un fundamento objetivo y razonable para dicha disparidad, por lo que se evidencia una expresa vulneración del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la CE.“
Por ello, estima íntegramente la pretensión del letrado de SGTEX, contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada por el demandante, de reconocimiento de complemento específico y condena en costas a la Junta de Extremadura.
SGTEX vuelve a reclamar a la Junta de Extremadura que cese en su constante negativa a reconocer derechos que, por pura cuestión de igualdad entre trabajadores, no admiten discusión, y que obligan a los empleados a recurrir a los tribunales de Justicia para que les terminen siendo reconocidos, sufragando además las costas de estos procesos con fondos del erario público, que al final, pagamos todos.
