El Supremo avala la batalla judicial ganada por SGTEX y deja firme el despido improcedente de una TEI del Progama Aulas 1-2
Desde el Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEX) os informamos que el Tribunal Supremo inadmite el recurso de la Junta de Extremadura y deja firme la sentencia ganada por SGTEX sobre el despido improcedente de una TEI del programa Aulas 1-2
Este asunto tiene su origen en los ceses producidos en el marco del citado programa, financiado inicialmente con fondos europeos de recuperación. La Junta de Extremadura justificó la extinción de los contratos por el límite temporal de tres años, pese a que el programa continuaba vigente y había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025.
Gracias a la victoria de los servicios jurídicos de SGTEX, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había dado la razón a esta trabajadora, al considerar que la relación laboral no podía extinguirse mientras el proyecto que justificaba la contratación seguía activo. En aquella resolución, el Tribunal consideró que el cese debía calificarse como despido improcedente.
La sentencia del TSJEx no era firme, ya que la Junta de Extremadura interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ahora, mediante providencia de fecha 5 de mayo de 2026, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho recurso, al entender que no existía la contradicción necesaria entre sentencias para que pudiera prosperar este tipo de recurso.
Confirmando lo que venimos defendiendo desde el inicio: la Administración no puede extinguir anticipadamente un contrato vinculado a un proyecto mientras dicho proyecto siga en vigor y subsista la causa que justificó la contratación. Es un respaldo importante al trabajo jurídico desarrollado por SGTEX.
Como siempre, desde SGTEX seguiremos defendiendo los derechos de los empleados públicos de Extremadura, en exclusiva. Volvemos a demostrar que la defensa jurídica rigurosa y la acción sindical firme son herramientas imprescindibles para proteger los derechos del personal empleado público y desde luego, la Administración debe aprender de esta resolución: los programas públicos no pueden sostenerse sobre la inseguridad de quienes los hacen funcionar cada día. CON LA INFANCIA NO SE JUEGA.
