SGTEX DEMANDA A LA JUNTA DE EXTREMADURA POR INCUMPLIR LOS ACUERDOS DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL
El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, ha presentado demanda judicial de Conflicto Colectivo contra la Administración extremeña por el impago del nivel 2 de la Carrera Profesional Horizontal a sus trabajadores, incumpliendo de manera flagrante lo establecido en los Acuerdos firmados en 2019 y lo comprometido en los Presupuestos Generales de la comunidad Autónoma.
Ello como respuesta a las peticiones de los trabajadores y tras haber presentado recurso administrativo como sindicato, al que la administración ni siquiera ha tenido la deferencia de contestar, así como a las múltiples reclamaciones presentadas por los propios empleados públicos de forma individual, en demanda de su derecho, igualmente ignoradas por la Junta de Extremadura.
Una vez más, la Administración firma acuerdos que no tiene intención de cumplir, a la vista de los acontecimientos, defraudando la buena fe y el esfuerzo de los empleados públicos en estos tiempos de especiales dificultades, así como los de sus representantes, a quienes desprecia, tras un gran esfuerzo de negociación y no pocas dosis de paciencia y responsabilidad.
Y es que, en 2020, la Junta ha rebajado, unilateralmente y sin ningún tipo de normativa a la que ajustarse, el salario de los trabajadores públicos con derecho a cobrar el nivel 2 de su Carrera Profesional Horizontal, ya que en 2019 cobraron el 25% de este nivel reconocido, y en 2020 no cobraron absolutamente nada por dicho concepto.
El argumento del descuadre de las cuentas públicas sobre el que la Junta sostiene el impago de este nivel y la consiguiente rebaja en el sueldo, es insostenible, ya que otras partidas presupuestarias mucho menos necesarias en estos tiempos, permanecen en los distintos presupuestos.
Como ejemplo claro de la arbitrariedad y discriminación de unos empleados públicos respecto a otros tenemos las subidas a altos cargos efectuadas en 2020. Para ellos parece que no hay problemas de déficit público.
Por no hablar de las subvenciones a sindicatos amigos y patronal extremeña, que el año 2020 supusieron más de 1.800.000 euros, o las contratas millonarias con empresas externas para realizar tareas reservadas a funcionarios, duplicando gasto y trabajo, y dilapidando los impuestos de los extremeños con dudoso criterio.
Por otro lado, nada indica que los empleados públicos sean los causantes de este desbarajuste en las cuentas regionales y del incumplimiento del techo de gasto. Más bien parece que partidas presupuestarias como las mencionadas, sumadas al aumento exponencial de Altos Cargos durante esta legislatura, por ejemplo, en el servicio extremeño de salud, tengan mucho más que ver con el aumento de déficit que ahora se intenta paliar recortando el salario de los trabajadores de la administración, por la vía del enésimo incumplimiento de los acuerdos firmados y de los plazos en ellos establecidos.
Es sorprendente y a SGTEX le parece inaudito que los representantes sindicales, reunidos en el día de ayer en la Mesa General, se hayan mostrado muy satisfechos con el anuncio de que se aplicará el aumento de un 0,9% que ya estaba pactado a nivel nacional e incluido tanto en los presupuestos generales del estado como en los regionales, con lo que no había nada que negociar, y sin embargo no hayan alzado la voz sobre el impago del referido nivel 2 a los empleados públicos que lo tienen reconocido, cuyo montante económico es mucho más relevante para los trabajadores que la irrisoria subida del 0,9% con la que dichos representantes parecen darse por satisfechos a tenor de sus declaraciones públicas, que suenan mucho a aquel dicho de “más vale pájaro en mano, que ciento volando”.
Con este nuevo recurso a la Justicia, única opción a la que nos aboca últimamente la Junta de Extremadura, SGTEX no hace sino insistir en su reclamación del cumplimiento de los pactos firmados, sin renunciar en ningún caso, como llevamos meses reivindicando, el 2% de subida salarial con efectos de 1 de enero de 2020, tal y como han percibido los empleados públicos del resto de comunidades autónomas.
