SGTEX califica de despilfarro el contrato de la Junta para el “Programa de uso público de áreas protegidas”
SGTEX califica de despilfarro el contrato de la Junta para el “Programa de uso público de áreas protegidas”
A raíz de la solicitud formulada por SGTEX ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, en la que se pedía información relativa a la encomienda de gestión, a la empresa GPEX, para la investigación de los envenenamientos de fauna salvaje, y en concreto, entre otros, sobre extremos tales como importe de dicha encomienda, personal externo contratado y funciones que van a desarrollar, tanto dentro como fuera de la propia Consejería, así como participación en la tramitación de denuncias o si dispondrán de claves de acceso a sistemas informáticos de la propia Junta de Extremadura, la Administración ha informado de lo siguiente:
El montante económico del “Programa de uso público de áreas protegidas, dinamización de centros de la naturaleza y otras infraestructuras medioambientales asciende a 3.765.424,15€, por tres anualidades, desde 2017 a 2019.”
El encargo implica la actuación de 58 trabajadores externos, 14 de de los cuales realizan sus funciones en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sierra de Fuentes.
SGTEX recuerda que el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta contaba ya, según los últimos datos aportados por la propia administración con un total de 102 trabajadores procedentes de empresas externas.
El guía del equipo canino que se contratará para la investigación de cebos envenenados, empleará perros adiestrados propiedad de la Junta de Extremadura, y deberá ejercer su actividad en compañía de empleados públicos (Agentes del Medio Natural o del SEPRONA).
Será por cuenta de la empresa el traslado de los perros en un vehículo (también propiedad de la Junta) hasta el lugar de la investigación.
Según la respuesta de la Junta de Extremadura a las preguntas formuladas por SGTEX, la participación de este Guía Canino en la tramitación de denuncias será como mero testigo.
Por último, la junta afirma que sólo manejará aquellas claves privadas de acceso a los programas informáticos que le proporcione la empresa pública GPEX, sin aclarar si dicho personal va a hacer uso, como sucede en multitud de casos, de equipos propiedad de la administración.
Este Sindicato de Empleados públicos pidió esta documentación (que tiene carácter de pública) al no hallarla en el “Portal de la Transparencia” que el Gobierno Regional posee y que debe, en teoría, recoger estos datos, tal y se recoge en la misma web, que no está actualizada.
Ante esta información, SGTEX se vuelve a posicionar en contra de este tipo de encargos o encomiendas de gestión a empresas, públicas o privadas, considerando que gran parte de su contenido podría ser realizado por el propio personal de la Junta de Extremadura con mucho menor coste para las arcas públicas.
Estimamos que, cuando el argumento común y sempiterno de la administración, a la hora de denegar derechos reconocidos a los empleados públicos o de recortar calidad asistencial en muchos de los servicios a los ciudadanos, es la escasez de recursos económicos y presupuestarios, contrataciones como esta, o como la de investigación de causas de incendios, recurrida por SGTEX ante los tribunales, con importes millonarios, nos llevan a pensar que no se está diciendo la verdad, sino que, por unos u otros motivos ocultos, existe un interés en que esos escasos fondos sean destinados a unos fines y no a otros, mucho más necesarios y perentorios a nuestro entender.
No nos parece que privatizar este tipo de servicios a golpe de talonario sea el modo más adecuado de “cuadrar las cuentas públicas”.
Por otro lado, SGTEX está informando, y enviando, de forma periódica, pruebas fehacientes a los distintos responsables de las Consejerías de los contínuos incumplimientos que se producen en la mayoría de departamentos de la Junta a las instrucciones que la propia administración ha dado para una buena práctica en la contratación de empresas externas y la relación entre sus trabajadores y los empleados públicos, tales como la no participación en la instrucción de expedientes y sanciones, el uso de instalaciones y equipos propiedad de la Junta, la aparición en directorios oficiales y el uso de números de teléfonos corporativos, etc.
Este sindicato estará vigilante para que este nuevo contrato de encomienda de gestión se ciña a lo que la Junta expone que son sus atribuciones, aunque mucho nos tememos, que, como ocurre en no pocos casos, las funciones que finalmente ejercerá el personal externo contratado terminarán distando mucho de lo que en un principio se estipuló en el mismo.
