SGTEX consigue que el TSJEx declare improcedente el despido de una TEI y abre la puerta a 227 reclamaciones contra la Junta de Extremadura
Los Servicios Jurídicos del Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEX) han conseguido una nueva victoria judicial, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ha declarado improcedente el despido de una Técnica en Educación Infantil del programa de escolarización temprana Aulas 1-2 de la Junta de Extremadura, aunque aún no es una sentencia firme, pues la Junta de Extremadura, ha planteado Recurso de Casación para Unificación de la Doctrina ante el Tribunal Supremo, abriendo la puerta al resto de 226 trabajadores/as contratados para este plan, financiado con fondos europeos de recuperación, cuyo cese definitivo se produjo el pasado verano.
La Junta de Extremadura justificó los despidos por el límite de tres años fijado en los contratos, aunque la sentencia indica que las trabajadoras debieron continuar hasta la finalización del programa, prevista para diciembre. En un principio, el Ejecutivo Regional comunicó el fin del plan para el 1 de enero de 2024, aunque, tras las protestas en la calle y medios de comunicación de nuestro sindicato, prorrogó parcialmente los contratos hasta julio, acordándose la extinción de la relación laboral de sesenta y siete TEI que se incorporaron en el curso 2021-2022, noventa en 2022-2023 y setenta en 2023-2024.
Posteriormente, se crearon 233 nuevas plazas de Técnicos/as de Educación Infantil para mantener las aulas 1-2 con fondos autonómicos, pero con nuevo personal. Plazas que no se verán afectadas por este fallo judicial, sino que se cubrirán conforme a las normas de acceso al empleo público.
Los TEI despedidos reclamaron ser considerados indefinidos no fijos y a través de SGTEX anunciaron demandas judiciales. El TSJEx, de momento, nos ha dado la razón, considerando su despido improcedente y aunque el fallo se refiere a un caso concreto, sienta precedente para otros posibles litigios.
La sentencia detalla que la trabajadora fue contratada en febrero de 2022, mediante un contrato que estaba vinculado a la duración del proyecto, con un máximo de tres años. Sin embargo, el plan fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025, y, en palabras del Tribunal, “la extinción de la relación laboral cuando el programa aún no había concluido carece de amparo legal”, por lo que se califica como despido improcedente. La Junta ha optado por indemnizar a la trabajadora con 5.800 euros, para el caso de tener una sentencia desfavorable. El TSJEx rechaza declarar a la trabajadora indefinida, pero recalca que el vínculo laboral debía mantenerse mientras el programa estuviera activo.
Nuestros Servicios Jurídicos actualmente tramitan otras dos demandas por despidos similares, y, como siempre, permanecen a disposición de las empleadas y empleados publicos que están en Extremadura que puedan necesitarlos.
