Información actualizada sobre personal externo contratado por la Junta de Extremadura

logo-sgtexContinuamos asistiendo perplejos al aumento incesante de personal externo, por parte de la Junta de Extremadura, contratado a través de empresas privadas, públicas y semipúblicas, para suplir las carencias de personal propio, funcionario o laboral, cada vez más escaso debido tanto a las exiguas tasas de reposición como a las irrisorias ofertas de empleo público por parte de la administración.

Esta creciente tendencia hacia una administración paralela se está generalizando en todos los ámbitos y en todas las comunidades autónomas,  particularmente en la nuestra, gobernada en la actualidad por un partido político que se erige siempre, al menos en sus intervenciones ante los medios, en adalid de “lo público” y enemigo número uno de las privatizaciones, y perpetrado todo ello, además, con el aparente consentimiento y el silencio clamoroso de algunas organizaciones representantes de los trabajadores.

No hace falta más que ver, como ejemplo, que las últimas incorporaciones de personal en los servicios centrales de la antigua consejería de Fomento, hoy subsumida en la de Medio Ambiente y Rural, proceden prácticamente en su totalidad de empresas públicas y tanto es así que ya es posible ver, en cuanto uno accede al edificio de esta Consejería, un inmenso cartel que reza “GPEX”, y que separa a este personal contratado mediante encomiendas de gestión (cuyo cumplimiento en cuanto a fines y duración son bastante dudosas) de los empleados públicos propios de la administración.

Para intentar, al menos, poner de manifiesto y sacar a la luz de los empleados públicos autonómicos y de los ciudadanos en general esta preocupante situación, SGTEX solicitó a la Consejería de Medio Ambiente información sobre la situación del personal externo contratado por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, dado que esta es en este departamento donde con mayor incidencia (aunque no exclusivamente) se están realizando encomiendas de gestión y contratos de servicios y donde queda reflejado con claridad la imparable opción de la Junta de Extremadura por la externalización paulatina de los servicios públicos que se prestan y el desplazamiento de empleados públicos propios, sustituyendoles por personal externo que en muchas ocasiones ejercen labores y tareas propias de personal funcionario y restringidas a este tipo de trabajadores por normas con rango de ley.

Esta petición se realizó en base al derecho a la información que, sobre empresas con las que contrate su empresa matriz (en este caso la Junta de Extremadura), asiste a los trabajadores y a sus representantes y  que consagra la Ley del Estatuto de los Trabajadores, viéndose reforzada por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. 

En concreto, SGTEX solicitaba los siguientes datos en relación con los trabajadores de empresas externas que realizan tareas para la Junta de Extremadura:

  • Contratación y funciones del personal externo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
  • Relación de personal externo que realiza sus funciones dentro de las dependencias de la propia Consejería.
  • Relación de personal externo que tenga entre sus tareas o funciones la tramitación de subvenciones o imposición de sanciones.
  • Disposición de claves privadas de acceso a sistemas informáticos
  • Relación de plazas vacantes y desdotadas.

Si bien en un primer momento la Administración puso todo tipo de reparos y se negó a facilitarnos la información requerida, necesaria a todas luces para ejercer nuestra acción sindical, tras el recurso de SGTEX ante el órgano encargado de velar por el cumplimiento por parte de las Administraciones de la citada Ley de Transparencia, denominado CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, la Consejería de referencia y también a posteriori, la de Hacienda y Administración Pública, han rectificado y han facilitado a este sindicato los documentos que ponemos a continuación a disposición de todos los trabajadores.

Tras un primer análisis de los documentos que ahora ponemos a disposición de todos los empleados públicos y de la ciudadanía en general, este sindicato ha podido detectar las siguientes cuestiones destacables:

Lo primero que llama la atención al analizar someramente los documentos facilitados por las Consejerías es que, aunque sólo se facilitan de forma parcial los datos solicitados, al comienzo constan bastante pormenorizadas las titulaciones requeridas, las funciones a realizar y los destinos del personal externo. Sin embargo, a medida que se avanza en su lectura, estos datos van volviéndose menos concretos, más difusos y generales hasta el punto de que es imposible determinar a qué se dedican y dónde prestan sus servicios los trabajadores contratados.

Es el caso, por ejemplo, de los 19 TÉCNICOS ESPECIALISTAS adscritos a la SECRETARíA GENERAL, donde no se proporciona detalle alguno sobre titulación, funciones, destino…

Son destacables, en una primera lectura los siguientes datos:

En determinados servicios, por ejemplo, en los adscritos a la Dirección General de Medio Ambiente, el número de personas contratadas a través de empresa prácticamente alcanza, por no decir que supera al número de empleados públicos adscritos a esos servicios.

Abundando en el hecho de que muchos de estos trabajadores llevan años realizando las mismas funciones, (lo que da a entender que son funciones estructurales) es difícilmente justificable que no se hayan cubierto ya a través de las distintas bolsas de trabajo o mediante procesos selectivos de pública concurrencia competitiva (oposición).

Por otro lado, se observan diversas encomiendas de esta Dirección General, consistentes en control, vigilancia e inspección de diversas actividades, cuando existe un cuerpo de policía administrativa especial, como son los AGENTES DEL MEDIO NATURAL.

Así mismo, según la información facilitada, se observa que existe diverso personal técnico realizando labores de ASESORÍA JURÍDICA, lo que apunta a que presuntamente las funciones que estén desarrollando, sea la de tramitar las infracciones y sanciones, cuando estas funciones están reservadas exclusivamente a personal funcionario, como se recoge en nuestra Ley 13/2015, de 8 de abril.

También llama la atención el hecho de que existen 27 TÉCNICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS AGRARIAS COMUNITARIA, así como el hecho de que existe personal contratado  con titulaciones, que a priori, nada tiene que con las funciones que realiza su Servicio, como se puede observar en el DOCUMENTO ADJUNTO.

Sabíamos que esto no sólo estaba ocurriendo en esta Consejería, sino que nos hemos encontrado el caso de que personal de la empresa EULEN, contratado a media jornada, está ocupando puestos de personal funcionario de la categoría de SUBALTERNO, cuyas funciones son, entre otras, la del control y custodia de llaves y apertura-cierre de edificios, con todas las implicaciones que esto pudiera acarrear.

Por ello, solicitamos más tarde a la Consejería de Administración Pública información similar sobre personal externo y contrataciones del resto de Consejerías, consiguiendo que la Secretaría General nos facilitase una ampliación de la información original y que también ponemos a disposición de los trabajadores.

Mucho nos tememos que, tanto las limitaciones impuestas por las tasas de reposición, hasta ahora de un 10% y en la actualidad de un 50% como la prohibición a ultranza de la creación de nuevas plazas de empleo público (aunque en algunas comunidades autónomas da la impresión de que dichas limitaciones legales no rigen) aboca necesariamente, en el futuro más inmediato, a tener que generalizar el recurso a la contratación externa en la mayoría de servicios públicos, porque lo que está claro es que si se quieren mantener o ampliar los servicios que la Administración presta a la ciudadanía, es necesaria la contratación de personal.

Ejemplos de ello los tenemos cada vez en más ámbitos (Servicios de Limpieza de los Centros Sanitarios, Servicios Veterinarios, Investigación de Causas de Incendios Forestales, etc.) o los consabidos Asesoramientos Técnicos en prácticamente todas las unidades administrativas, con especial intensidad en la antigua CONSEJERÍA DE FOMENTO, en la que un gran número del personal técnico que se ha ido incorporando a las distintas Direcciones Generales no es empleado público, sino trabajadores de distintas empresas, GISVESA, TRAGSATEC, GPEX…

Con todo, lo más grave del caso, son atribuciones que legalmente están reservadas a funcionarios,  uso de datos y custodia, fedatarios públicos, incoación de expedientes disciplinarios, elaboración de informes vinculantes y un largo etc.

Del mismo modo, la duración en el tiempo de las encomiendas transciende en muchos casos lo previsto, perpetuándose el personal en sus puestos. La Junta camina, en este sentido, por una senda peligrosa y está expuesta a que, como ya ha sucedido, los jueces condenen a la Administración por CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES

Entre otros ejemplos de esto último, podemos citar diversas Sentencias, como la del Juzgado de lo Social de León,  que condena a la Administración a asumir a una trabajadora de TRAGSATEC como personal propio, laboral indefinido, y tal como se recoge en dicha sentencia en base a que la demandante convocaba reuniones, despachaba con clientes de la Junta, utilizaba las dependencias de la Junta de Castilla y León, usaba el material informático como un funcionario más hasta el punto que sus vacaciones eran coordinadas con el resto de funcionarios del mismo servicio por lo que la relación laboral con la empresa pública TRAGSATEC se limitaba que ésta le abonaba el salario.

SGTEX ha podido constatar que en la Junta de Extremadura no son pocas las situaciones análogas, pues en los propios directorios oficiales, aparecen los técnicos de empresa, que no sólo usan las instalaciones y equipos de la Junta, sino que tienen asignados números telefónicos corporativos de la Junta de Extremadura, poseen direcciones oficiales de correo electrónico de la Junta o incluso son designadas como únicas personas de contacto para requerir información sobre iniciativas promovidas y ejecutadas por la administración con fondos públicos. (Véase la iniciativa Gourmet, de la Dirección General de Turismo, mayoritariamente gestionada por personal contratado a través de GPEX u otras empresas.)

Otra sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que el alto Tribunal obliga a la Administración facilitar información a los sindicatos y que, literalmente declara que: ““no se entiende esta contumaz conducta (la de no facilitar los datos de contratación externa), a no ser que se quiera ocultar una realidad denunciada una y otra vez por el Sindicato de Funcionarios, colectivo que está viendo mermadas sus posibilidades de carrera profesional, de acceso a determinadas plazas y cuyas funciones están siendo asumidas por personal externo y contratado laboral que ejercen incluso potestades públicas reservadas por el Estatuto Básico en el artículo 9 al personal funcionario” .

Desde SGTEX entendemos que se está abusando de las encomiendas de gestión por parte de la Administración Regional, y es intención de este Sindicato estar vigilantes para que se invierta esta tendencia y se apueste claramente por un empleo público de calidad, con todas las garantías constitucionales de acceso a la función pública en condiciones de pública concurrencia, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (Transparencia), así como el cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Constitucional, que reiteradamente ha afirmado que: “Los funcionarios tienen reservada por ley el ejercicio de las potestades administrativas, entre las que se incluyen la concesión de subvenciones o la imposición de sanciones”

Para ello, como primera medida, y dado que la información que ofrece la Junta en el Portal de Transparencia no es tan transparente como debiera, ponemos a continuación, a disposición de todos los empleados públicos del ámbito de la Administración General, la documentación que hemos conseguido recabar de las distintas Consejerías y que iremos ampliando a medida que nos vaya siendo facilitada por el resto de la Administración Regional a través de las solicitudes de información que vamos a continuar enviando, y en su caso, exigiendo por todos los medios a nuestra disposición.

A continuación, más abajo, puedes consultar los documentos que contienen la información facilitada hasta el momento a este Sindicato por la Junta de Extremadura e iremos actualizando la información a medida que la vayamos recabando y nos sea facilitada por las distintas Consejerías.

ACTUALIZACIÓN – 20 DE ABRIL DE 2017

Número de trabajadores correspondientes a encargos hechos a la empresa GPEX que realizan funciones auxiliares en los siguientes Servicios de la Dirección General de Medio Ambiente:

  • Servicio de Gestión y Ordenación Forestal: 37
  • Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas: 33
  • Servicio de Protección Ambiental: 30
  • Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas: 102

 

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Aquí puedes descargar este comunicado de SGTEX en un solo folio (a dos caras)

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Aquí puedes descargar este comunicado de SGTEX

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19. diciembre 2016 by webmastersgtex
Categories: Actualidad, Administración, Empleo, SGTEX Comunicados, SGTEX Opina, Sin categoría | Tags: , | 7 comentarios

comentarios (7)

  1. Por fin un gran tema.
    Enhorabuena por el movimiento estratégico como otra manera de acción sindical.
    ¡Es lo nunca visto!
    Obligados a mostrar su juego por su propio órgano regulador…..Me parto

  2. Consejo de Gobierno de hoy, martes 20:

    Autorización a la AEXCID para realizar un encargo de prestación de servicios a GPEX en materia de cooperación al desarrollo

    El Consejo de Gobierno autorizó a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) para realizar un encargo de gestión a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, con un presupuesto de 220.962 euros.

    Encargo a Gpex del servicio de apoyo a la investigación del patrimonio histórico y cultural de Extremadura

    El Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo del servicio de “Apoyo a la investigación, gestión y difusión del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 2017”, a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, por un importe de 174.100 euros.

    Encargos de prestación de servicios a GPEX

    El Consejo de Gobierno autorizó el encargo a la empresa pública Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U. para la realización de diversas actuaciones de apoyo técnico al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante el año 2017, con un coste de 3.377.426 euros.

    También se autorizó el encargo para la realización de diversas actuaciones de apoyo técnico a la gestión de fondos europeos 2017-2018 de la Secretaría General de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con una inversión de 683.237 euros.

    Además, se autorizó la realización del encargo a la empresa pública Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U. para la realización de diversas actuaciones de análisis y desarrollo informático para la implementación de nuevos servicios en el sistema Dehesa, con un coste total de 972.744 euros.

    Encargo a GPEX para el desarrollo de actividades empresariales y emprendedoras

    El Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo de la prestación del servicio de Desarrollo y Promoción de Actividades Empresariales y Emprendedoras, durante el año 2017, a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, por un importe de 1.087.571 euros.

    Encargo a GPEX de trabajos técnicos y auxiliares de sanidad vegetal

    La Consejería ha recibido la autorización del Ejecutivo para encargar a la empresa pública Gestión Pública de Extremadura, S.A.U (GPEX) la realización de trabajos técnicos y auxiliares de sanidad vegetal para el próximo año.
    La cantidad a aportar por la Consejería para financiar este encargo se cifra en 976.015,39 euros.

    Autorización al SEXPE para realizar un encargo de prestación de servicios a GPEX

    El Ejecutivo regional ha autorizado al SEXPE para encargar a la empresa pública GPEX la prestación del servicio del programa de cursos del sector de hostelería 2017 en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), así como un proceso evaluativo en el sector profesional de la hostelería, por importe de 1.001.398 euros.

    Autorización al SEXPE para realizar un encargo de prestación de servicios a GPEX

    El Ejecutivo regional ha autorizado al SEXPE para encargar a la empresa pública GPEX la prestación del servicio del programa de cursos del sector de hostelería 2017 en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), así como un proceso evaluativo en el sector profesional de la hostelería, por importe de 1.001.398 euros.

    Realización del servicio de adecuación y mantenimiento del archivo de expedientes derivados de la Ley de Dependencia

    El Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo, a la empresa Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U. (Gpex) de la realización del servicio de adecuación y mantenimiento del archivo de expedientes derivados de la Ley de Dependencia para el año 2017, por un importe de 72.112,57 euros.

    ¡¡¡Echad cuentas!!!
    No parece que hayan captado el mensaje, no…

  3. Enhorabuena por esta iniciativa, por fin un sindicato se atreve a denunciar la administración paralela montada en la Junta de Extremadura, os ánimo a que sigáis por este camino y lo denunciéis en todas las instancias posibles.

    Os recomiendo tb esto: La gestión la Renta Básica Extremeña por parte de GPEx es ilegal http://www.extremaduraprogresista.com/libre/40-libre-opinion/17171-la-gestion-la-renta-basica-extremena-por-parte-de-gpex-es-ilegal

  4. Ah, recordar tb que en el artículo 14 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura se deja bien claro las funciones reservadas al personal funcionario, y todos conocemos y vemos como una buena parte del personas de las difentes empresas públicas de la Junta de Extremadura desempeñan las funciones enumeradas en ese artículo, lo cual es una ilegalidad manifiesta y clara

  5. Al fin un sindicato que denuncia estas cosas. Por lo menos que se sepa.
    Donde estoy: 13 funcionarios y 12 de gpex.
    Muchos llevan desde el 2008, cobrando 30 € por trienio y auxiliares y administrativos, ¿cuánto?
    Hay plaza de asesor jurídico que no se cubre y si uno de empresa, plaza de delineante igual.
    Y lo peor es que no se ve futuro, se está generalizando esta política y no se donde llegaremos.
    Y, ya hablando de de las personas (muchos piensan aún que se contrata mediante empresa por que sacan el trabajo), hay quienes se pasan la mañana tomando café y leyendo libros y otros que pregonan cada papel que hacen para aparentar que están salvando al mundo. Pero puedo asegurar que no trabajan ni mas ni menos que un funcionario.
    Lamentable la situación.
    Gracias Sgtex.

  6. Una verdadera vergüenza y os animo a que sigáis investigando este despropósito de estas empresas semi-públicas que no son otra cosa que nichos de colocación de amiguitos, parientes y devoluciones de favores.

  7. Gracias por vuestra labor en la publicación de estos datos, y adelante con tanta injusticia, si es necesario que cread una plataforma para presentar en el Parlamento Autonómico iniciativas para pedir la extinción o reducción de las empresas públicas extremeñas